Colectivos trans anuncian huelga de hambre si en un mes no se registra la ‘ley trans’

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha anunciado una huelga de hambre indefinida, a partir del 18 de marzo, si no se comienza la tramitación del borrador de la ‘ley trans’, redactada por el colectivo junto al Ministerio de Igualdad. 

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha criticado este jueves que la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, considere a este colectivo «un peligro para los 47 millones de españoles», ya que esta afirmación pone en riesgo a todas las personas que se encuentran en esta situación.

La huelga de hambre sería secundada por «miles de padres y madres organizados para luchar por la igualdad de sus hijos e hijas en toda España», advierte.

Una decena de personas de diferentes colectivos trans se han concentrado a las puertas del Congreso de los Diputados para expresar su malestar ante la actitud de bloqueo a la tramitación de la Ley trans por parte del PSOE y han amenazado con ponerse en huelga de hambre indefinida si en el plazo de un mes no se registra el texto y se debate como proposición de ley.

Mar Cambrollé, que ha estado acompañada de Natalia Aventín, presidenta de Euferoria, Familias Trans-Alidas y Erick García, presidente de Visión Trans-Aragón, ha explicado ante los medios que «es tiempo de que las personas trans seamos iguales ante la ley, que podamos acceder al trabajo, a la educación y a la sanidad igual que todos».

La federación exige que la ‘ley trans’ se tramite como proyecto (es decir elevada desde el Gobierno, y no desde un partido político). «Nosotros no nos vamos a reunir con el PSOE, porque nos hemos estado reuniendo con el Gobierno», dice Cambrollé. También pide incluir la «reparación a las mujeres que por ser trans no han podido acceder al mercado de trabajo», además de un «subsidio para las mayores de 65 años».

La presidenta de la Federación Plataforma Trans se ha mostrado indignada por «la falta de colaboración» por parte del Gobierno, ya que, a su modo de ver, «la vicepresidenta Calvo ha dejado muy claro por activa y por pasiva que no quiere la Ley Trans», y ha calificado de «temeridad» que haya dicho que estas personas supongan un riesgo para los 47 millones de españoles.